Bárbara Rey llega a un acuerdo y acepta una condena de dos años de cárcel por alzamiento de bienes
Bárbara Rey a su salida
de la Audiencia Provincial de Madrid, el 6 de marzo de 2024.JOSÉ OLIVA
(EUROPA PRESS)
Bárbara Rey ha evitado la cárcel al aceptar un acuerdo de
condena de dos años de prisión de cara al juicio en el
que estaba acusada de alzamiento de bienes. Este jueves 7
de marzo se ha conocido que la artista, de 74 años, ha
alcanzado un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoce
los hechos para ver así rebajada sensiblemente la pena de
tres años y medio de cárcel que pedía para ella el Ministerio
Público por haber eludido el pago de 143.902 euros.
Según han informado a la agencia Efe fuentes jurídicas,
también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía los dos
hijos de la artista, una hermana y otros tres acusados en la
misma causa: los tres familiares y otro procesado han
aceptado un año de cárcel como cooperadores del delito, y
los otros dos acusados 11 meses de cárcel como
cómplices. Para todos ellos se aplica la atenuante simple de
dilaciones indebidas y la atenuante analógica de reparación
del daño.
El acuerdo se ratificó en una vista judicial celebrada este
miércoles 6 de marzo en la Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de Madrid, que no trascendió hasta hoy, y evitó
que se llegara a celebrar el juicio, que ya había sido
suspendido el pasado 16 de junio porque uno de los
procesados estaba en paradero desconocido. La
exvedette —que en 1979 fue imagen de la nueva ley del
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)— y
su hija Sofía, acompañadas por un familiar, acudieron ayer
a primera hora de la mañana a la sede de la Audiencia
Provincial para asistir a la vista oral, a cuya prueba
renunciaron las partes como consecuencia del acuerdo de
conformidad alcanzado con la fiscal del caso. Apenas
estuvieron cinco minutos en la sala de vistas, donde madre
e hija se limitaron a reconocer los hechos. El hijo de la
artista, Ángel Cristo, en cambio, no acudió al encontrarse
fuera de España ya que está a punto de participar en
el reality Supervivientes.
La Fiscalía pedía en sus conclusiones provisionales tres
años y seis meses de prisión para Bárbara Rey y dos años
y medio para sus dos hijos, su hermana y los otros tres
acusados de alzamiento de bienes en operaciones
financieras para eludir pagos a Hacienda por el impuesto
sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por un total de
143.902 euros.
El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación
que la exvedete llevó a cabo dichas operaciones, en las
también intervinieron los demás acusados, para simular que
no podía pagar el dinero que le reclamaba la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2011, cuando
Hacienda comenzó una inspección a la artista en relación al
pago del IRPF de los periodos fiscales comprendidos entre
2006 y 2008. Según la Fiscalía, el 16 de noviembre de 2012
se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera de 2006 y
la segunda de 2007, por importes de 135.031 y 131.568
euros, respectivamente. Explica que dichas actas fueron
notificadas a Bárbara Rey el 12 de febrero de 2013 y tenían
de plazo de ingreso voluntario el 20 de marzo de ese año.
De ahí que el 18 de julio se dictaran sendos acuerdos de
imposición de sanciones en ambos expedientes por
importes de 51.496 y 60.6756 euros, respectivamente,
notificados a la acusada el 8 de agosto de 2013.
“A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de
investigación de Hacienda, la acusada, con ánimo de eludir
dicha responsabilidad de pago, se puso en contacto con
varios familiares para actuar en connivencia para llevar a
cabo actos de disposición patrimonial con la finalidad de
generar la quiebra de las deudas contraídas”, señala la
Fiscalía, cuya acusación es ahora corroborada por los
acusados. La Fiscalía detalla un total de 13 operaciones en
las que tomaron parte sus dos hijos, su hermana y otras
personas con la finalidad de provocar una situación de
indefensión económica por parte de la acusada “que
imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la
AEAT, al no haber habido bienes bastantes a tal fin por la
situación de insolvencia creada por los acusados”. A fecha
de 19 de diciembre del 2017 existía un saldo de deuda
pendiente de ingreso de 143.902,24 euros.